El Supremo descarta paralizar la regularización de inmigrantes y llevarla a la Justicia europea.

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Rechaza la petición de las comunidades autónomas de Aragón y Valencia de suspender la medida y de trasladarla al TJUE. 

 Colas en el Ayuntamiento de Valencia para tramitar la regularización Manuel Bruque Agencia EFE

El Tribunal Supremo no suspenderá cautelarmente la regularización de inmigrantes y tampoco llevará la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza así la petición efectuada por las comunidades autónomas de Aragón y Valencia, que han recurrido ante el alto tribunal el decreto que avaló la medida, en aplicación de la cual casi 1,2 millones de extranjeros han tramitado ya su permiso de residencia.

Los magistrados de la Sección Quinta se remiten para justificar su negativa a una paralización cautelar a las razones expuestas en su día para no acordar idéntica medida solicitada por la Comunidad de Madrid y Vox (también la instaron varias asociaciones, entre ellas Hazte Oír, a las que no reconoció legitimación activa para solicitar la medida cautelar).

Tampoco ve motivos el Supremo para elevar a la corte de Luxemburgo supuestas dudas sobre la adecuación de la regularización a la normativa europea sobre inmigración, pues una vez se decidió no suspender la iniciativa de forma cautelar "no resulta pertinente el planteamiento de dicha cuestión en este momento procesal".

La Sala ya rechazó en mayo la medida

Las comunidades autónomas de Aragón y Valencia cuestionaron la adecuación del decreto al Pacto de Migración y Asilo aprobado por el Parlamento Europeo en abril de 2024 y a la normativa comunitaria que lo desarrolla. Y a este respecto incidían en que la iniciativa no implica un reconocimiento individualizado de los permisos de residencia, sino que avala un régimen general normativo para todos los extranjeros que se encontrasen en nuestro país de forma irregular.

El Supremo ya se negó el pasado mayo a paralizar el proceso de regularización tras una vista celebrada en el alto tribunal en un proceso con idéntico objeto en el que la Comunidad de Madrid, Vox y asociaciones como Hazte Oír expusieron sus razones a favor de la suspensión.

No obstante, finalmente la Sala -que preside el expresidente del Tribunal Supremo y del CGPJ- descartó que existiese un daño irreparable en caso de no acordar la suspensión cautelar, como había defendido la Abogacía del Estado.

Abogacía del Estado no ve impacto en los servicios públicos. 

En esa vista, la Abogacía del Estado defendió que una posible suspensión cautelar dañaría "gravemente el interés general" y negó que su aplicación genere un "impacto en los diversos servicios públicos" porque según insistió las personas beneficiarias "ya son usuarias de tales servicios".

Los Servicios Jurídicos del Estado insistieron en descartar que en caso de no paralizar las tramitaciones se pudiesen producir "efectos inmediatos e irreversibles" (al concederse permisos de residencia que posteriormente no se podrían revertir si el Supremo terminase anulado el decreto).

"La suspensión de la norma dejaría sin efecto útil a la misma, dañando gravemente el interés general, así como adelantando los efectos de una eventual sentencia que estimara las pretensiones" de los recurrentes, alertó a la Sala.