
Ese cambio tiene una enorme carga simbólica. La imagen de la esposa del presidente ausente de una cumbre internacional por la vigencia de unas medidas cautelares proyecta una anomalía institucional que el Ejecutivo difícilmente puede neutralizar con argumentos políticos. No supone una condena ni anticipa el desenlace de la causa, pero mantiene el procedimiento instalado en el centro de la acción de gobierno.
La resolución también desmonta dos relatos extremos. Ni confirma la tesis del Gobierno de que las medidas cautelares carecen de fundamento, porque el juez las mantiene plenamente vigentes, ni avala la idea de que exista una restricción absoluta de movimientos, porque admite excepciones cuando aprecia razones personales justificadas. Jurídicamente, la decisión es compatible con la continuidad de la investigación. Políticamente, prolonga el desgaste.
El próximo punto de inflexión no estará en los viajes autorizados o denegados, sino en la Audiencia Provincial de Madrid. Será ese tribunal el que deba pronunciarse sobre los recursos presentados contra decisiones esenciales del instructor y ahí se debatirá la consistencia jurídica de la causa, no en una autorización puntual de desplazamiento.
Para Pedro Sánchez, el problema es otro. El caso Begoña Gómez ha dejado de ser un episodio que irrumpe de forma esporádica en la agenda política y se ha convertido en un elemento estructural de la legislatura. Cada resolución, cada recurso, cada diligencia y cada decisión procesal vuelve a situar el foco sobre el entorno del presidente e impide cerrar definitivamente una crisis que acompaña al Gobierno desde hace más de un año.
La principal dificultad para La Moncloa ya no reside únicamente en el contenido de las resoluciones judiciales, como explican desde dentro del Consejo de Ministros. "Mientras las medidas cautelares sigan vigentes y el procedimiento continúe avanzando, la Presidencia del Gobierno convivirá con una circunstancia inédita en democracia: que parte de su actividad pública y de su representación internacional quede inevitablemente condicionada por el calendario de una investigación penal", puntualiza una de las ministras del Gabinete de Sánchez.
"Este es el verdadero cambio de fase. La batalla ya no se libra solo en los tribunales, sino también en el terreno de la imagen institucional. Y ese desgaste, precisamente porque es continuo y no explosivo, puede resultar políticamente más difícil de gestionar que una sola resolución judicial", añade la misma titular de cartera.

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