PSOE y BNG insinúan que la Xunta convoca una plaza para la concejala clave en la moción de censura en Lugo.

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la voz / LUGO. 

La concejala exsocialista María Reigosa en los pasillos del Concello de Lugo Pablo Fernández

El bipartito del Concello exige explicaciones inmediatas y advierte de las posibles consecuencias penales. El nuevo puesto es una comisión de servicio solo para funcionarios, un requisito que cumple María Reigosa. 

El PSOE y el BNG del Concello de Lugo sospechan que la Xunta ha creado una plaza de jefatura en el Servizo do Litoral de Lugo que podría ser asignada a la concejala no adscrita María Reigosa, a cambio de que esta apoye una moción de censura que llevaría a Elena Candia a la Alcaldía de Lugo. Ambas formaciones del bipartito de Lugo han emitido un comunicado en el que solicitan a la Xunta de Galicia que aclare la publicación en el día de hoy, 21 de abril, de una plaza en comisión de servicio dentro de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, correspondiente a la Xefatura do Servizo do Litoral en Lugo, con plazo de inscripción abierto hasta el próximo 27 de abril. PSOE y BNG instan a la Xunta a aclarar si la convocatoria de esta plaza guarda alguna relación con la situación política actual en el Ayuntamiento de Lugo, «marcada pola posibilidade dunha moción de censura promovida polo Partido Popular», y no descartan tomar medidas judiciales si se confirma.

«Chama a atención que o perfil formativo e profesional requirido para o posto coincida de maneira significativa co currículo dunha edila tránsfuga», señalan en el comunicado conjunto. En este contexto, PSOE y BNG se preguntan públicamente si la concejala María Reigosa tiene previsto optar a esta plaza. «Trátase dunha cuestión lexítima que merece unha resposta clara para evitar calquera tipo de especulación».

María Reigosa es ingeniera de Caminos y funcionaria desde el 2008 de la Demarcación de Costas del Estado (desde hace unos meses transferido a la Xunta), siendo responsable, por concurso, del Servicio de Gestión del Dominio Público. Durante uno de los mandatos de Lara Méndez como alcaldesa, llegó a optar al puesto de la jefatura de servicio de Medio Ambiente, aunque finalmente no lo logró.

En la convocatoria de la Consellería de Medio Ambiente se especifica que el puesto es de jefe en el Servizo do Litoral, con destino en Lugo ciudad. Es un puesto en comisión de servicio y solo pueden optar a ocuparlo arquitectos o ingenieros de Caminos, además de tener la categoría de funcionario del grupo A1 y de pertenecer a la Xunta, la Administración del Estado, o de cualquier otra comunidad autónoma o ente local.

PSOE y BNG piden máxima transparencia. 

Tanto el PP de Lugo como la Consellería de Medio Ambiente ya son conocedores de este comunicado conjunto de PSOE y BNG y por el momento no han ofrecido una versión sobre la denuncia pública que emiten desde el gobierno local. 

PSOE y BNG subrayan la importancia de garantizar la máxima transparencia en los procesos de provisión de puestos públicos, especialmente en contextos de especial sensibilidad política, para preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. «No caso de que se confirmase calquera tipo de vinculación entre esta convocatoria e movementos políticos no Concello de Lugo, estaríamos ante unha situación de extrema gravidade, que podería ser interpretada pola cidadanía como unha práctica allea aos principios éticos e democráticos».

Ambas formaciones que gobiernan el Concello de Lugo reiteran en el comunicado «o seu compromiso coa defensa da democracia, da ética pública e do respecto á vontade da veciñanza, advertindo da necesidade de evitar calquera actuación que poida poñer en cuestión estes principios».

PSOE de Lugo y BNG apelan a la responsabilidad de las instituciones implicadas para ofrecer explicaciones claras y garantizar «que todas as actuacións se desenvolven con absoluto respecto aos principios de legalidade, transparencia e interese xeral».

Ambas formaciones finalizan el comunicado señalando que continuarán vigilantes ante la evolución de este suceso y sopesan iniciar acciones legales frente «ao que podería constituír un delito de carácter penal e golpe a democracia».