La mezcla de intereses políticos y criminales en torno al PT y al empresario que les está vendiendo equipos de espionaje es explosiva.
La reunión que sostuvieron el viernes pasado en Los Cabos prendió las alertas en los servicios de inteligencia, porque el empresario fue sujeto a proceso como parte de una conspiración para realizar contribuciones ilegales a dos candidatos a alcalde en San Diego, y le abrieron otra investigación en Estados Unidos y en Israel porque detectaron que adquirió en Chipre el equipo de inteligencia con el propósito de evitar las autorizaciones militares y diplomáticas de esos dos países.
El empresario fue identificado por las fuentes únicamente por su nombre código: “Hester”, para los estadounidenses, y “Susu” para los israelíes. El encuentro con Agúndez no fue el primero con un político del PT, pues de acuerdo con las fuentes, ya ha vendido el sistema de intervención a otros políticos. Tampoco fue el único semáforo rojo que les llamó la atención. El empresario llegó a la cita con Agúndez acompañado por Carlos Beltrán, el oficial mayor de Los Cabos, a quien investigaciones en Estados Unidos señalan como piloto de Los Chapitos hace unos seis años, aunque no trasladaba drogas, sino personas, y es parte estructural del crimen organizado, una imputación que públicamente sólo ha surgido en mantas, que han sido ignoradas por las autoridades locales.
La investigación en Estados Unidos apunta abiertamente al PT como el vaso comunicante con el crimen organizado, por lo que, de acuerdo con un funcionario, sus posiciones como parte de la negociación sobre la reforma electoral sólo escalarían el conflicto con la Administración Trump. Entre las imputaciones que contiene la investigación está la estructura criminal-política que han venido construyendo en Michoacán y Sinaloa, e incorpora fotografías de credenciales firmadas por Narro Céspedes y Gerardo Fernández Noroña, cuando aún no brincaba a Morena, para acreditar a personas relacionadas con Los Chapitos como asesores de la bancada en el Senado.
“La tecnología no sirve sólo para el espionaje político, sino para intervenir las comunicaciones de cualquier objetivo de interés”, subrayó una de las fuentes, sugiriendo que esos objetivos son los de interés del crimen organizado en Baja California Sur, que Estados Unidos mantiene permanentemente en el radar por el número de celebridades de ese país que tienen casas allí o lo tienen como uno de sus principales destinos turísticos.
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El PT, como se ha mencionado en este espacio, es el primer partido político en México al que las investigaciones en Estados Unidos ubican como instrumento del crimen organizado, sin que esto signifique que todos sus miembros estén involucrados o que sepan de esas relaciones peligrosas. La vinculación que hizo uno de los líderes entre Agúndez y el empresario tiene una derivada que lleva a otros paralelos.
El empresario mexicano-estadounidense fue contratado hace tiempo por Mario Pacchiano, que es uno de los operadores financieros del senador Adán Augusto Hernández, para identificar a la persona que filtró un audio revelado en 2024, cuando Amílcar Olán –un joven amigo muy cercano de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador– hablaba con un primo de ellos sobre la mala calidad del balastro del Tren Maya, a quien ubicó para que fuera detenido y torturado en Chiapas. Actualmente esta persona, que fue liberada tres meses después de su detención por falta de pruebas, se fue inmediatamente a Los Ángeles, donde presuntamente comenzó a hablar con las autoridades estadounidenses.
La mezcla de intereses políticos y criminales en torno al PT y al empresario que les está vendiendo equipos de espionaje es explosiva. “Se está juntando la ambición empresarial y la ambición político-criminal”, caracterizó una fuente estadounidense. Aquí, sin embargo, el PT va avanzando sin que tenga obstáculos serios enfrente, hasta ahora.
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