Más cooperación, no opacidad.

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Casos recientes que involucran a gobernadoras mexicanas han reabierto una discusión fundamental: ¿hasta dónde puede llegar un gobierno estatal en sus relaciones con autoridades extranjeras?

Oscar Mario Beteta

En petit comité

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La seguridad pública se ha convertido en uno de los principales desafíos del Estado mexicano. Frente a organizaciones criminales cada vez más sofisticadas, con capacidad financiera transnacional y presencia en ambos lados de la frontera, la colaboración entre México y Estados Unidos resulta no solo conveniente, sino indispensable. El intercambio de información, la coordinación operativa y la cooperación en materia de inteligencia han permitido durante décadas capturas relevantes, decomisos históricos y el desmantelamiento de redes criminales que difícilmente podrían combatirse desde una sola jurisdicción.

Sin embargo, la necesidad de cooperación no debe confundirse con autorización para actuar al margen de los mecanismos institucionales establecidos por la Constitución. Casos recientes que involucran a gobernadoras mexicanas han reabierto una discusión fundamental: ¿hasta dónde puede llegar un gobierno estatal en sus relaciones con autoridades extranjeras?

La controversia más reciente gira en torno a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, de Morena. La mandataria reconoció como auténticos los audios filtrados en los que aparentemente ofrece compartir información relacionada con temas de seguridad durante una conversación con supuestos intermediarios vinculados a autoridades estadounidenses. Según su versión, se trató de una trampa orquestada por su antecesor, Jaime Bonilla, quien le presentó contactos que supuestamente podían ayudar a resolver la cancelación de su visa estadounidense. Ávila sostiene que actuó de buena fe, creyendo que sostenía un diálogo legítimo dentro de un contexto de cooperación institucional.

Más allá de las motivaciones políticas detrás de la filtración o de la autenticidad del contexto descrito por la gobernadora, el episodio pone sobre la mesa una cuestión delicada, pues la información discutida en las mesas de seguridad no pertenece a los gobernadores. Se trata de información generada por instituciones del Estado mexicano y, en muchos casos, vinculada a investigaciones en curso, inteligencia estratégica y asuntos de seguridad nacional.

El caso recuerda otro episodio reciente, pero en Chihuahua, donde de acuerdo con diversos reportes periodísticos se celebraron reuniones y mecanismos de intercambio de información con agencias estadounidenses en el contexto de la lucha contra el crimen organizado. Aunque la cooperación fronteriza forma parte de la realidad cotidiana de estados como Chihuahua y Baja California, las revelaciones generaron cuestionamientos sobre el alcance de esos contactos y los límites legales de la colaboración.

La política exterior es una facultad reservada constitucionalmente al gobierno federal. Los estados pueden participar en esquemas de cooperación, especialmente en temas fronterizos, comerciales o de seguridad, pero siempre dentro de marcos institucionales claros y coordinados con las autoridades federales. La autonomía estatal no alcanza para establecer acuerdos paralelos, compromisos informales o canales opacos de intercambio de información.

Tampoco sería razonable caer en el extremo opuesto y condenar cualquier contacto entre gobernadores y autoridades estadounidenses. Los estados fronterizos enfrentan desafíos específicos relacionados con el tráfico de drogas, armas, migración y lavado de dinero.

La clave está en la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas. Cuando la colaboración ocurre dentro de canales oficiales, con protocolos definidos y supervisión institucional, fortalece la seguridad. Cuando se desarrolla mediante reuniones ambiguas, intermediarios poco claros o intercambios de información sin controles visibles, abre la puerta a sospechas legítimas y erosiona la confianza pública.

México necesita más cooperación internacional para combatir al crimen organizado, no menos. Y la única manera de fortalecer al Estado es cerrando espacios a la opacidad y al personalismo.

SOTTO VOCE

Todo está listo en Guerrero para recibir a visitantes en esta temporada. La gobernadora del estado, Evelyn Salgado, dio inicio al Operativo Vacacional Verano 2026, una estrategia de coordinación interinstitucional que contempla el despliegue de 14 mil 500 elementos de distintas corporaciones, para brindar seguridad, protección, auxilio y atención a visitantes. El objetivo es reforzar la vigilancia en playas, carreteras y principales sitios turísticos de la entidad.

Para apoyar la economía de familias de Oaxaca y evitar la deserción escolar, el gobierno del estado, encabezado por Salomón Jara, informó que el alumnado del nivel medio superior y superior que cursa sus estudios en una institución pública del estado, ya no tendrá que pagar inscripción o reinscripción.

En el Estado de México, al encabezar la mesa de seguridad, autoridades bajo el mando de Delfina Gómez informaron que en el mes de junio el robo a transportistas cayó un 21 por ciento, mientras que el feminicidio tuvo una reducción de 17 por ciento.