La receta final para salvar las pensiones: compatibilizar jubilación con empleo parcial, voto desde los 16 años y ... la IA

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La evolución demográfica, que aportó 0,44 puntos anuales al crecimiento del PIB per cápita entre 1980 y 1999, pasó a restar 0,19 puntos entre 2000 y 2019, recuerda Fedea.

 Concentración del peso fiscal de las pensiones La Razón

El envejecimiento de la población ya no solo amenaza la sostenibilidad de las pensiones. También está alterando el funcionamiento de la democracia y condicionando las decisiones económicas de los gobiernos. Esa es la principal conclusión del último estudio de Fedea, que advierte de que España afronta un problema de equidad entre generaciones cuyo origen no reside tanto en la falta de recursos como en unas instituciones diseñadas para una realidad demográfica que ha dejado de existir.

El trabajo, elaborado por el investigador José Ignacio Conde-Ruiz, sostiene que el envejecimiento genera un círculo difícil de romper. A medida que aumenta el peso electoral de las personas mayores, crecen los incentivos políticos para preservar el gasto presente, especialmente en pensiones, sanidad y dependencia, mientras pierde prioridad la inversión destinada a mejorar el crecimiento futuro, como la educación, la innovación, las infraestructuras o las políticas de apoyo a la infancia.

Para romper esa dinámica, el documento plantea una batería de reformas inéditas en España. La más llamativa consiste en rebajar la edad de voto hasta los 16 años para aumentar el peso político de las generaciones más jóvenes. A ello suma la creación de instituciones permanentes encargadas de defender los intereses de quienes todavía no tienen representación política y la obligación de que todas las leyes incorporen una memoria sobre su impacto intergeneracional antes de ser aprobadas.

El informe también propone modificar las reglas presupuestarias para impedir que el coste del envejecimiento recaiga sobre los contribuyentes del futuro. Entre las medidas figura hacer efectiva la prohibición constitucional del déficit estructural y establecer una regla de simetría por la que cada euro adicional destinado a políticas para las personas mayores deba ir acompañado de otro euro de inversión en actuaciones orientadas a las generaciones futuras, sin recurrir al endeudamiento.

El diagnóstico parte de una tendencia que considera especialmente preocupante. Desde 1995, el gasto asociado al envejecimiento ha aumentado en España 5,3 puntos del PIB, mientras la inversión pública ha caído desde el 4,4% hasta el 2,7% del producto interior bruto. Paralelamente, el denominado dividendo demográfico ha cambiado completamente de signo. Si entre 1980 y 1999 aportó 0,44 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB por habitante, entre 2000 y 2019 pasó a restar 0,19 puntos, una evolución que, según las proyecciones del INE, continuará durante las próximas décadas.

Ante este escenario, Fedea plantea adaptar el Estado del bienestar a una sociedad mucho más longeva. Entre las propuestas destaca una jubilación gradual que permita compatibilizar la pensión con un empleo a tiempo parcial, de forma que el abandono del mercado laboral deje de producirse de manera abrupta y se aproveche durante más tiempo la experiencia de los trabajadores de mayor edad.

El documento también reclama desarrollar plenamente la cobertura pública de la dependencia como un auténtico seguro colectivo y extender la adhesión automática a planes de pensiones de empleo complementarios mediante sistemas de "auto-enrolment", siguiendo modelos ya implantados en otros países europeos.

El estudio reconoce que la inteligencia artificial podría aliviar parte del impacto económico del envejecimiento si impulsa de forma sostenida la productividad y amplía la capacidad recaudatoria del Estado. Sin embargo, advierte de que todavía existe demasiada incertidumbre sobre el alcance real de esa revolución tecnológica y sobre cómo se repartirán sus beneficios. Si la riqueza derivada de la IA termina concentrándose en unos pocos sectores o sustituyendo empleo sin generar ingresos suficientes, la brecha entre generaciones podría agravarse.

Por ello, Fedea concluye que confiar en la tecnología no basta. A su juicio, las reformas institucionales son inaplazables porque, con o sin inteligencia artificial, España deberá adaptar sus reglas políticas, fiscales y sociales a una población cada vez más envejecida si quiere evitar que el Estado del bienestar deje de ser un pacto entre generaciones para convertirse en una fuente permanente de desequilibrios.