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miércoles, 1 de julio de 2026

Génova fiscaliza el uso de las empresas externas en la ley de nietos y apunta contra el cambio de la hermana de Puente.

Por Más Noticias y un poco Más
Madrid. 

El PP impulsa una batería de preguntas para clarificar el proceso que puede nacionalizar hasta 2,4 millones de personas antes de las generales. Pide también la comparecencia de Albares.

El ministro de Transportes, Óscar Puente
 El ministro de Transportes, Óscar Puente Europa Press

El PP ha puesto en marcha una ofensiva parlamentaria para fiscalizar la aplicación de la denominada ley de nietos y aclarar cómo se está desarrollando un proceso que, según las estimaciones del Gobierno, puede culminar con la concesión de la nacionalidad española a hasta 2,4 millones de descendientes de emigrantes y exiliados antes de las próximas elecciones generales. Aunque los populares rechazan asumir el discurso de un supuesto "pucherazo" electoral, sí sostienen que existen dudas sobre la gestión del procedimiento y reclaman mayor transparencia al Ejecutivo.

La dirección de Partido Popular registrará una batería de preguntas parlamentarias y solicitará la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para que explique la tramitación de los expedientes, los criterios aplicados y el impacto que puede tener la incorporación de estos nuevos electores al censo exterior. El partido también cuestiona la instrucción aprobada en 2022 por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, entonces dirigida por la hermana del ministro Óscar Puente, al entender que amplió los supuestos previstos inicialmente en la Ley de Memoria Democrática y permitió extender el acceso a la nacionalidad a más descendientes de emigrantes.


Además, el PP exige explicaciones sobre la subcontratación de empresas para gestionar el elevado volumen de solicitudes en Latinoamérica y reclama los expedientes completos de los contratos adjudicados a Grupo Palco e INECO. Los populares sostienen que su objetivo no es cuestionar el derecho de los descendientes de españoles a obtener la nacionalidad, sino garantizar que el proceso se desarrolla con seguridad jurídica, transparencia y sin modificaciones administrativas que alteren el alcance previsto por la ley.


Fuente:
☕ larazón.es 

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