
La presidenta del Partido Laborista, Anna Turley, remitió una carta al organismo electoral para que examine si el apoyo recibido por Farage de Cottrell debía haber sido declarado y si el empresario, residente en Montenegro, era un donante permitido según la legislación británica.
"Ahora está claro que Farage puede no solo haber incumplido las normas parlamentarias, sino también la ley", afirmó Turley en su misiva, en la que añadió que el líder de Reform UK "ya no puede seguir diciendo que esto no le concierne a nadie".
Según publicó la prensa, Cottrell, que cumplió ocho meses de condena en EE.UU. por fraude electrónico tras declararse culpable en 2017, proporcionó apoyo financiero y en especie a Farage durante el año previo a su elección como diputado el 4 de julio de 2024.
En ese momento, el político ya era una figura destacada en su partido, del que fue presidente honorario entre 2021 y junio de 2024, antes de asumir el liderazgo para presentarse a las elecciones generales.
Entre ese apoyo figuraría la contratación y pago de tres empleados para trabajar en sus redes sociales antes de los comicios, así como permitirle utilizar una propiedad de cinco plantas situada cerca del londinense palacio de Buckingham que Cottrell tenía alquilada.
Las normas electorales británicas obligan a los diputados a declarar determinados donativos y beneficios relacionados con su actividad política, incluidos los recibidos en los doce meses anteriores a su elección.
En concreto, deben registrar los regalos superiores a 300 libras (351 euros) percibidos en ese periodo, salvo cuando esos presentes "no pudieran razonablemente considerarse" vinculados a su actividad política.
Farage ha defendido que el apoyo recibido de Cottrell tenía carácter personal y que se produjo antes de convertirse en diputado, por lo que, a su juicio, no estaba obligado a declararlo.
El líder de Reform UK ha afirmado además que es víctima de un "golpe del poder establecido" para perjudicar a su formación, que lidera las encuestas de intención de voto.
El veterano político ya afronta otras investigaciones por beneficios recibidos así como por posibles conflictos de interés.
El pasado 25 de junio, el Partido Laborista pidió a la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) investigar si pudo favorecer con sus gestiones políticas los intereses de Christopher Harborne, un inversor en criptomonedas y principal financiador de Reform UK.

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