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martes, 14 de julio de 2026

El hermano de Pedro Sánchez, condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación.

Por Más Noticias y un poco Más
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La Audiencia de Badajoz impone la pena más alta, 18 años de inhabilitación, al exlíder de los socialistas extremeños Miguel Ángel Gallardo. 

 David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, junto al resto de acusados durante el juicio
 David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, junto al resto de acusados durante el juicio . Agencia EFE


Nuevo revés judicial para Pedro Sánchez. La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado como cooperador necesario de un delito de prevaricación a su hermano David Sánchez a nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público por su enchufe en la Diputación pacense en 2017 en un puesto de alta dirección, aunque descarta imponerle también una pena de prisión, como pedían también las acusaciones populares. La pena también se extiende al derecho de sufragio pasivo, lo que impide al músico ser candidato en cualquier proceso electoral durante ese mismo periodo de tiempo.

La Sala condena a idéntica pena al exasesor de Moncloa Luis Carrero. Sin embargo, impone la pena más alta, de 18 años de inhabilitación, al expresidente de la Diputación, y exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo.

Los magistrados dan por probado que la creación de la plaza de coordinador de conservatorios en la Diputación de Badajoz finalmente adjudicada a David Sánchez no era "ni necesaria ni urgente, estando vacía de contenido" y atribuye su génesis "al interés particular" del hermano de Pedro Sánchez "y no al interés general".


Asimismo, en cuanto a la modificación de ese puesto de alta dirección en octubre de 2022 -el músico pasó a ser jefe de la Oficina de Artes Escénicas sin que concurriera concurso alguno-, el tribunal concluye que sí supuso "una transformación sustancial del puesto adjudicado como personal de alta dirección", al contrario de lo que defendían los acusados, "suprimiendo la incompatibilidad del mismo con el propósito de adaptarla a las apetencias personales de David Sánchez Pérez-Castejón".

Y respecto a la contratación urgente del exasesor de Moncloa Luis Carrero en diciembre de 2023, como jefe de la Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, que fue adjudicada en comisión de servicios "con la misma urgencia" al "íntimo amigo" de David Sánchez "y colaborador suyo en precedentes proyectos operísticos", la Audiencia de Badajoz destaca que se llevó a cabo "con el afán de que siguiera ayudando a este en sus actividades relativas a la ópera, aun cuando prestaban teóricos servicios en departamentos administrativos diferentes".

No hay tráfico de influencias

Los magistrados descartan sin embargo una condena por tráfico de influencias, pues por un lado echan en falta por parte de las acusaciones una "concreta descripción de los hechos en que consistiría la acción de prevalimiento o de presión ejercida sobre los responsables de la creación, adjudicación y modificación de las plazas". No en balde, consideran que esas conductas no se han acreditado.

"Se ignora, quién o quiénes ejercieron ascendencia o influjo sobre los responsables de realizar la labor de torcimiento del derecho, ni en que concretos actos se materializó", resalta la Sala, para la que tampoco "se puede contra conjeturar que las conductas prevaricadoras" obedecieran al interés de Gallardo "de congraciarse con quien sería reelegido secretario general del PSOE", Pedro Sánchez, en mayo de 2017 (coincidiendo con la adjudicación de la plaza a su hermano).

La Sala admite que al tratarse de una actividad criminal "de despacho", organizada y en el seno de una Corporación de pequeña entidad, "piramidal", "fuertemente jerarquizada" y de carácter "presidencialista", es "difícil" la existencia de prueba directa que sustente la condena (en referencia a las declaraciones de los altos cargos que testificaron, al estar "mediatizados por sus superiores", ya habiendo sido alguno "promocionado profesionalmente durante el proceso" judicial).

No obstante, señala que la condena se fundamenta en un cúmulo de indicios, entre ellos los correos electrónicos intervenidos, la documentación remitida por la Diputación de Badajoz y, también, los testimonios prestados por los directores de los conservatorios, además de las declaraciones que prestó en instrucción el propio David Sánchez, que fueron reproducidas en juicio.

Respaldo a Biedma

La investigación judicial que dirigió la magistrada Beatriz Biedma fue precisamente uno de los principales objetivos de las supuestas "cloacas del PSOE" que investiga ahora el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que intentaron desestabilizar la instrucción y apartarla del procedimiento para desactivar la causa contra el músico. Ahora, la condena respalda la actuación de la magistrada que investigó esas irregularidades en la contratación del hermano del presidente.

Las acusaciones populares solicitaban mayoritariamente (salvo Manos Limpias) una condena de seis años de prisión para el músico por tráfico de influencias y prevaricación, mientras que tanto la Fiscalía como su defensa reclamaron al tribunal su absolución, al descartar cualquier indicio delictivo.

Objetivo de "las cloacas del PSOE"

La investigación judicial al hermano de Pedro Sánchez fue una de las causas que cercan al Gobierno que las supuestas "cloacas del PSOE" de Santos Cerdán y Leire Díez intentaron hacer descarrilar, poniendo en la diana a la instructora, la magistrada Beatriz Biedma, contra la que se emprendió una campaña de desprestigio que incluyó no solo el intento de apartarla del procedimiento a toda costa, sino también seguimientos personales de la juez y su entorno más próximo.

Durante su declaración ante el tribunal, David Sánchez negó haber ejercido influencia alguna en la Diputación de Badajoz porque él, insistió, no tenía "capacidad de decidir nada".

El músico se sentó en el banquillo acusado -no por la Fiscalía- de tráfico de influencias, prevaricación y aceptación de nombramiento ilegal -aunque la Sala declaró prescrito este último delito, castigado solo con pena de multa- por su supuesto enchufe en 2017 en la Diputación de Badajoz como coordinador de conservatorios, una plaza que en octubre de 2022 mutó sin concurso alguno en la de jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Además, se le imputaba otra supuesta colocación a dedo: la del exasesor de Moncloa Luis Carrero, que se dirigía a él habitualmente como "hermanito", quien a finales de 2023 fue designado jefe de sección de coordinación de centro y de actividades transfronterizas y trabajó codo con codo con él meses antes incluso de incorporarse al puesto.

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