La jueza decidió aplazar la audiencia y fijó su continuación para el próximo miércoles 17 de junio, debido a limitaciones de horario en el tribunal.
Imputados en la Operación XL-526 en el Palacio de Justicia de Santiago.
La ausencia de los querellantes en la audiencia de medida de coerción contra los imputados de la Operación XL-526 se convirtió en uno de los puntos más debatidos durante el proceso judicial en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago.
La jueza Yiberty Polanco aplazó por tercera ocasión el conocimiento de la solicitud de coerción, fijando la continuación de la audiencia para el próximo miércoles 17 de junio.
El Ministerio Público solicita 12 meses de prisión preventiva contra los 10 acusados, a quienes atribuye integrar una presunta red de extorsión dirigida a residentes en Estados Unidos.
Sin embargo, la defensa de varios imputados cuestionó la ausencia física de las supuestas víctimas en el tribunal, señalando que ninguno de los querellantes ha comparecido personalmente durante el proceso.
“No hemos visto al primer estadounidense que diga que es víctima de este caso”, apuntó la defensa.
El abogado Miguel Díaz, representante de uno de los imputados, afirmó que hasta el momento no se ha presentado en audiencia ninguna persona que se identifique directamente como víctima del presunto esquema delictivo.
El jurista explicó que, aunque el Ministerio Público sostiene que las víctimas residen en Estados Unidos, esa situación ha dificultado su comparecencia directa en la audiencia de coerción.
La defensa insistió en que el hecho de que los querellantes residan fuera del país, específicamente en ciudades de Estados Unidos como Nueva York y Florida, representa una dificultad práctica para su participación presencial en la etapa inicial del proceso.
Según los abogados, en lugar de comparecer directamente, las supuestas víctimas han sido representadas mediante poderes notariales y abogados apoderados en República Dominicana, lo que ha generado cuestionamientos sobre la autenticidad y el momento en que dichos documentos fueron emitidos.
Familiares y allegados de los 10 imputados acudieron masivamente al Palacio de Justicia de Santiago, donde permanecieron tanto en los pasillos como en las afueras de la sala de audiencias, atentos al desarrollo de la medida de coerción.
Desde tempranas horas de la mañana, decenas de personas esperaban obtener información sobre el proceso y conocer la situación judicial de sus parientes y amigos, en medio de un ambiente de incertidumbre y expectativa por la decisión del tribunal.
El abogado Quivio González Carrasco señaló que algunos poderes de representación tienen fecha del 21 de mayo, mientras que los allanamientos y arrestos se realizaron el 2 de junio, situación que, a su juicio, levanta dudas sobre el manejo del caso.
“¿Cómo es posible que el 21 de mayo ya existieran poderes contra personas que fueron detenidas el dos de junio? Entendemos que hay irregularidades en esa representación”, sostuvo González Carrasco.
El jurista añadió que las supuestas víctimas “no están aquí físicamente”, pese a que el expediente indica que residen en Estados Unidos.
Especialistas consultados indican que en casos de presuntos delitos electrónicos o extorsiones con víctimas extranjeras, la comparecencia presencial de los querellantes suele ser compleja debido a factores migratorios, logísticos y económicos. No obstante, la legislación permite que estas personas participen mediante representación legal, documentos apostillados, videoconferencias u otros mecanismos autorizados por el tribunal.
Aun así, la defensa considera que la ausencia directa de los querellantes debilita la narrativa del Ministerio Público y ha pedido al tribunal evaluar cuidadosamente la validez de las representaciones legales presentadas.
El proceso continúa el miércoles
Durante la jornada también se discutieron alegadas vulneraciones a derechos fundamentales de los imputados, incluyendo el tiempo que permanecieron sin contacto con familiares y abogados tras su arresto.
La audiencia continuará el miércoles 17 de junio, cuando se espera que concluyan las exposiciones de las defensas y la jueza decida sobre la solicitud de medidas de coerción planteada por el Ministerio Público.
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