La gran mayoría de los países del mundo respaldó una resolución de la ONU que reafirmaba el derecho de toda persona a estar libre del hambre y a tener acceso a una alimentación adecuada. Sin embargo, dos países decidieron votar en contra: Estados Unidos e Israel.
La resolución también agregaba que utilizar el hambre contra la población civil, destruir sistemas alimentarios, impedir el acceso al agua o bloquear la ayuda humanitaria (o sea utilizarla como arma) son prácticas incompatibles con los principios del derecho internacional y con la protección de los derechos humanos más básicos. Por ello, el voto negativo de ambos países llamó la atención de observadores y organizaciones humanitarias de todo el mundo.
La postura resulta especialmente polémica en el caso de Israel, que ha sido señalado repetidamente por organismos internacionales, expertos de la ONU y organizaciones de derechos humanos debido a las restricciones sobre el acceso a alimentos, agua, combustible y ayuda humanitaria en Gaza. Las denuncias sostienen que el control de estos recursos ha contribuido a una crisis humanitaria de enormes dimensiones, alimentando las acusaciones de que el hambre está siendo utilizada como un instrumento de presión y castigo colectivo contra una población civil atrapada en el conflicto.
Por otro lado, el voto de Estados Unidos también fue visto como una contradicción con la imagen que suele proyectar como defensor de los derechos humanos. A diferencia de muchos países que consideran la alimentación, la salud o la vivienda como derechos fundamentales que deben ser garantizados por el Estado, la política estadounidense históricamente ha mostrado una mayor resistencia a reconocer este tipo de derechos sociales como obligaciones universales exigibles, priorizando con frecuencia enfoques de mercado por encima de garantías sociales humanas.
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