El equipo de Sánchez en coordinación con Interior activó un argumentario para frenar otro “Barbate”: de “hacer caja” al “accidente laboral”

En las primeras horas tras la tragedia Montero trasladó condolencias a las familias y a los agentes, pero evitó entrar en el debate sobre los medios materiales, la presión del narcotráfico o el deterioro de la situación en las costas andaluzas. Ese vacío fue sustituido rápidamente por otro discurso de denuncia del uso político de la tragedia por parte de la oposición.
Así, dos días antes del debate, en un acto del PSOE en La Línea, Montero acusó al PP de “hacer caja” con la muerte de los guardias civiles. La frase marcó el inicio del cortafuegos político diseñado por el PSOE para desplazar el foco del narcotráfico y de la seguridad hacia el supuesto aprovechamiento electoral de la oposición.
Sin embargo, el clima social en Andalucía no es receptivo a este movimiento para reescribir la narrativa dominante. Tras el caso Barbate, existe una percepción muy extendida de que los agentes trabajan bajo una presión creciente frente al narco y con una desprotección total. Los hechos desmienten el relato oficial.
En la polémica que ha enterrado esta campaña socialista la determinante clave política llegó antes incluso del debate electoral, cuando Montero y el PSOE andaluz comenzaron a diferenciar públicamente el caso de Huelva del ocurrido en Barbate. La tesis era clara: evitar que se instalara la idea de que el narcotráfico había vuelto a matar deliberadamente a guardias civiles. Es decir, evitar asumir cualquier responsabilidad política directa en ese abandono de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Ese marco explica declaraciones posteriores de la exvicepresidenta como: “Parece que fue un choque de dos embarcaciones de la propia Guardia Civil”. Y también la expresión que terminó detonando la crisis política: “accidente laboral”.
Fuentes solventes confirman que la línea argumental no surgió únicamente del equipo andaluz, sino que formaba parte de una coordinación política más amplia entre Moncloa y el entorno del Ministerio del Interior con un objetivo doble: impedir que creciera el relato de abandono de la Guardia Civil y evitar que el narcotráfico monopolizara la recta final de campaña. El efecto ha sido el contrario, pero confirma la ruptura total de este Gobierno con la Guardia Civil.

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