El dilema del narcocandidato.

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Ahora Morena quiere aventar el problema de narcocandidatos al Instituto Nacional Electoral (INE).

Ana María Salazar
Análisis sin Fronteras

¿Cómo asegurar que los candidatos a los distintos puestos de elección popular no estén vinculados con el narcotráfico o el crimen organizado? Con esta pregunta inicié una de mis columnas que publiqué finales del 2008.

 En ese momento, representantes de los partidos ante el Instituto Federal Electoral (IFE) ofrecieron una solución descabellada: Promover la firma de un convenio con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) para que, bajo la supervisión del IFE, se investigue a los aspirantes a puestos de elección popular y a la vez se promuevan esquemas de antidopaje, revisión de las cuentas bancarias, así como auditorías internas a los aspirantes.

Lo que estaban proponiendo los representantes de todos los partidos era legalizar el espionaje de los candidatos a puestos de elección popular-buscando recabar información para establecer si los candidatos estén posiblemente coludidos con el crimen organizado. Imaginemos lo que sucedería si el Cisen en su afán de cumplir con su nueva función encuentra que no sólo existe un número importante de candidatos con vínculos con el narcotráfico, pero que también son en su mayoría de la oposición. ¿Qué pasaría si el CISEN, por más que traten de encontrar todos los “narcocandidatos” le falle en sus investigaciones y se les filtra uno que otro candidato con malas amistades?

A 18 años y acusaciones de Estados Unidos, de que el Cártel de Sinaloa participó apoyo a los candidatos de Morena, incluyendo el candidato Ruben Rocha Moya-ahora Morena quiere aventar el problema de narcocandidatos al Instituto Nacional Electoral (INE). A pesar de que las autoridades electorales pidieron a los legisladores no darles la responsabilidad de “vetar” candidatos, esta semana se aprobó la creación de una comisión encargada de revisar posibles vínculos de individuos con el crimen organizado. Esto podría marcar un giro institucional en la arquitectura electoral mexicana.

Morena y aliados quieren deslindarse de la responsabilidad de sus narcocandidatos y funcionarios. Aunque la medida busca blindar los procesos frente a la creciente infiltración criminal, abre también un debate sobre su eficacia real y los riesgos de politización, especialmente porque la participación de los partidos será voluntaria y los dictámenes dependerán de información proporcionada por Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Fiscalía General de la República (FGR), Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), todas cuestionadas por su opacidad. En un país donde la violencia electoral se ha normalizado, el reto no es solo crear nuevos mecanismos, sino garantizar que no se vayan a crear incentivos de esconder información o convertirse en herramientas de control político.

En realidad, el problema son los procesos de selección de candidatos por los partidos y la impunidad que existe: La prioridad es que ganen tus candidatos a toda costa, sin importar cómo llegaron, a quién amenazaron, a quién asesinaron y con quién están coludidos. El mismo Ruben Rocha Moya narra como él no ganó las encuestas que definirían su candidatura. Fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quién decidió que Rocha sería el siguiente gobernador de Sinaloa. Y a pesar de las acusaciones, documentadas en México y en Estados Unidos, de secuestro de operadores y candidatos de la oposición durante la elección del 2021, la presidenta y Morena arropan al Gobernador en licencia. El mensaje es claro: Morena va a proteger a sus políticos, funcionarios y exfuncionarios ante acusaciones de vínculos con el crimen organizado.

De la misma forma en que la presidenta declara que el Tribunal Electoral validó los resultados en el 2021, ahora con la reforma aprobada, buscan que el IFE “valide sus candidatos”. ¿Alguien se puede imaginar que, basada en un documento producido por la comisión de probidad del IFE, le van a negar a Andy López Beltrán su candidatura? ¿Le van a negar candidaturas a aliados de Morena que desesperadamente van a necesitar fuero ante futuras investigaciones o las eventuales peticiones de extradición por el Departamento de Justicia?

Morena y el resto de los partidos saben perfectamente quiénes serán los candidatos corruptos y vinculados al crimen organizado-no necesitan el aval del IFE. Necesitan romper con el círculo de impunidad, dejar de arropar, y perseguir a sus narcogobernantes del pasado y del presente. Especial énfasis debería ser la persecución de presidentes municipales que hacen uso de la violencia para gobernar y son, de hecho, parte de las mismas organizaciones criminales.

Morena y todos los partidos tienen la responsabilidad de sus candidatos. ¿Si no están dispuestos a tomar pasos contundentes y cerrar la puerta a criminales y aliados de los ahora denominados “narcoterroristas” cómo van a enfrentar la crisis de gobernabilidad y control territorial por el crimen organizado?