Vox bloquea el acuerdo contra Bildu con una propuesta sin aval jurídico.

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Madrid.-

El intento de articular una respuesta conjunta frente a EH Bildu saltó por los aires este miércoles en el Senado. Vox rechazó las medidas planteadas por el PP y mantuvo su exigencia de ilegalizar al partido abertzale, una vía que los expertos consideran inviable en el actual marco legal. 

Otegi, en una imagen de archivoEuropa Press

La enmienda registrada por Vox, centrada en la ilegalización del partido abertzale, no encontró respaldo en los populares, que optaron por registrar una enmienda alternativa basada en reformas legales concretas. El argumento que sostuvo ese rechazo es contundente: promover hoy la ilegalización de Bildu no solo carece de recorrido, sino que podría acabar reforzando su posición si los tribunales fallaran a su favor.

El PP insiste en que esta es una advertencia con base jurídica. La Ley de Partidos Políticos establece requisitos estrictos para la ilegalización de formaciones, desarrollados posteriormente por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Y, según sostienen fuentes del PP, esos criterios no se cumplen en el contexto actual. De hecho, voces con experiencia en la elaboración de esa normativa, como Ignacio Astarloa, han insistido en que una iniciativa de este tipo podría terminar en una resolución favorable a Bildu, reforzando su legitimidad política.

De la ilegalización al terreno legal

La enmienda presentada por el Grupo Popular introduce un cambio de enfoque relevante. Frente a la propuesta de Vox, basada en un gesto político de alto impacto, el PP plantea una batería de medidas con recorrido jurídico inmediato. Así, el texto registrado en el Senado incluye, entre otros puntos, la posibilidad de instar la ilegalización de EH Bildu siempre que se den los supuestos legales previstos, pero pone el acento en reformas del marco penal y penitenciario .

Entre las iniciativas destacan el endurecimiento del delito de enaltecimiento del terrorismo, la garantía de cumplimiento íntegro de las penas y la modificación del régimen de beneficios penitenciarios. En concreto, los populares proponen que cualquier progresión de grado o flexibilización del régimen penitenciario quede condicionada a la colaboración efectiva con la Justicia, el arrepentimiento expreso, la petición de perdón a las víctimas y la reparación del daño causado .

El planteamiento incluye también la reforma de la legislación electoral para impedir que condenados por terrorismo que no acrediten esos requisitos puedan ser elegibles, así como el impulso a la investigación de los más de 300 crímenes de ETA aún sin resolver. El mensaje político, defienden desde Génova, es que hay que sustituir una estrategia simbólica por una operativa. “Vox pide lo que no se puede cumplir. El PP propone lo que sí se puede hacer desde mañana”, resumen fuentes del partido en su argumentario interno .

El choque entre PP y Vox no es solo táctico, sino que responde a dos formas distintas de abordar el problema de Bildu. Por un lado, Vox insiste en una línea de confrontación directa, centrada en la ilegalización como eje político. Por otro, el PP busca situar el debate en un terreno donde las decisiones sean sostenibles en los tribunales y en el marco constitucional. Esa diferencia explica por qué este intento de acuerdo fracasó incluso antes de entrar en el fondo del debate. "Las posiciones son difícilmente conciliables: mientras Vox prioriza el impacto político inmediato, nosotros tratamos de evitar una derrota jurídica que podría tener consecuencias a medio plazo", argumentan en el PP.

En este punto, los populares introducen un elemento clave en su argumentación: el verdadero problema no es la existencia de Bildu, sino el papel que le ha otorgado el Gobierno. "La formación abertzale se ha convertido en un socio determinante para la estabilidad parlamentaria de Pedro Sánchez, lo que eleva el debate del plano jurídico al político".

La advertencia del PP sobre el posible efecto boomerang de la ilegalización es uno de los elementos más relevantes de lo ocurrido en el Senado. En el actual marco legal, una iniciativa fallida ante el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional no solo cerraría la puerta a nuevas acciones en el corto plazo, sino que reforzaría el discurso de legitimidad de Bildu. Ese riesgo condiciona toda la estrategia popular. Vox, sin embargo, sabe que la pancarta de la ilegalización funciona muy bien en el impacto emocional en la opinión pública, aunque no tenga recorrido real.

Fuente: ☕larazón.es☕