La discusión sobre la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público generó un intercambio de posturas en el Congreso, donde el principal foco estuvo en las atribuciones sobre la investigación criminal. El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, cuestionó abiertamente el proyecto al considerar que invade funciones propias de la institución policial.
El tema central del debate giró en torno al control de la criminalística, punto en el que Arriola lanzó la crítica más contundente y dio paso a su argumento principal sobre el riesgo que, a su juicio, implica la propuesta.
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En ese sentido, advirtió que el Ministerio Público estaría buscando concentrar funciones técnicas clave en la investigación penal. «Quieren monopolizar la criminalística cuando ellos tienen su posición en el Instituto de Medicina Legal […] quieren tener el control total de las pericias químicas, físicas, de ingeniería forense, de balística», afirmó, al remarcar que estas labores forman parte del trabajo especializado de la Policía .
Riesgos en la lucha contra la criminalidad
El jefe policial sostuvo que trasladar estas competencias podría afectar directamente la eficacia operativa frente al delito. Explicó que la investigación criminal no es solo jurídica, sino también técnica y de campo, lo que, según indicó, requiere capacidades que han sido desarrolladas históricamente por la Policía.
En esa línea, defendió la estructura actual de trabajo conjunto y recalcó que no existe conflicto sobre quién dirige la investigación en términos legales. «El fiscal es el titular de la acción penal […] pero la investigación material, la estrategia operativa, le corresponde a la policía», señaló, enfatizando que ambas funciones son complementarias.
Arriola también alertó que algunas disposiciones del proyecto podrían significar un retroceso en la respuesta frente a la delincuencia. Indicó que el sistema actual, pese a sus limitaciones, ha mostrado resultados recientes, como la reducción de ciertos delitos, lo que atribuyó al trabajo articulado entre Policía y Fiscalía.
Además, cuestionó la posibilidad de que la Fiscalía asuma investigaciones en sede propia en casos complejos, al advertir que ello podría generar demoras. Según explicó, la rapidez en las diligencias es clave, ya que «si la policía y el Ministerio Público se demoran en un caso de extorsión, mueren personas», en referencia a las consecuencias de una respuesta tardía.
Postura del Ministerio Público
Por su parte, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, defendió la propuesta legislativa y explicó que responde a la necesidad de modernizar el Ministerio Público. En ese sentido, sostuvo que la normativa vigente ha quedado desfasada frente a los desafíos actuales del sistema de justicia.
Durante su intervención, Gálvez cuestionó el funcionamiento interno actual de la institución. «Eso nos ha llevado a una actuación prácticamente desarticulada entre los despachos fiscales», afirmó, al señalar que la falta de uniformidad en los criterios afecta la eficacia de las investigaciones.
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El titular del Ministerio Público añadió que uno de los objetivos de la reforma es corregir esa dispersión. «Tenemos que aplicar criterios objetivos y dejar de lado los criterios personales», indicó, remarcando la necesidad de establecer lineamientos institucionales comunes.
Necesidad de cambios en el sistema
Gálvez también enfatizó que la reforma busca ordenar la actuación fiscal y fortalecer la institucionalidad. En esa línea, planteó que la existencia de múltiples interpretaciones individuales genera inconsistencias en la aplicación de la ley.
«No podemos seguir con un sistema en el que cada despacho actúa de manera distinta», sostuvo, al insistir en que la implementación de protocolos permitiría mejorar la coherencia en las decisiones fiscales .
Asimismo, dejó abierta la posibilidad de ajustes al proyecto durante su discusión en el Congreso. «No hay discusión en la mayoría de puntos, pero podemos delimitar mejor algunos aspectos», señaló, mostrando disposición a incorporar aportes técnicos en el proceso legislativo
Pese a las diferencias, ambas partes coincidieron en la necesidad de fortalecer el sistema de justicia frente al avance del crimen organizado. Incluso el propio Arriola reconoció que Policía y Fiscalía constituyen un «binomio» en la lucha contra la delincuencia, aunque insistió en que cada institución debe respetar su rol.
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