Condenan por delitos de terrorismo a ocho acusados de una emboscada a un centro de ICE en Texas con un oficial herido.

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The Associated Press. 

Los abogados de los acusados ​​negaron que sus clientes estuvieran vinculados a Antifa, como aseguraron los fiscales, y dijeron que acudieron al lugar para expresar apoyo a los inmigrantes detenidos.

 

Un jurado federal declaró este viernes culpables a ocho personas de delitos de terrorismo en relación con un tiroteo ocurrido en un centro de inmigración de Texas que los fiscales federales vincularon con Antifa, el movimiento de extrema izquierda que se ha convertido en blanco de la Administración Trump.

Los miembros del jurado también dictaron veredictos de culpabilidad por otros cargos, incluido contra un miembro del grupo por intento de asesinato. Según los fiscales, el acusado abrió fuego el verano pasado frente al Centro de Detención de Prairieland, cerca de Dallas, en el que resultó herido un agente de policía que recibió un disparo en el cuello.

La sentencia fue fijada para junio.

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El juicio fue seguido de cerca más allá de la sala del tribunal de Fort Worth, ya que algunos expertos jurídicos y críticos lo calificaron como una prueba de hasta dónde puede llegar el Gobierno para castigar a los manifestantes.

Los abogados de los acusados afirman que estos no eran miembros de Antifa y que, en cambio, habían organizado una "manifestación ruidosa" que incluía fuegos artificiales para mostrar su apoyo a los inmigrantes que habían sido detenidos como parte de las operaciones de deportación masiva de la Administración Trump.

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El director del FBI, Kash Patel, ha calificado el caso de Texas como la primera vez que un cargo de apoyo material al terrorismo se dirige contra personas acusadas de ser miembros de Antifa.

La fiscal general Pamela Bondi declaró en un comunicado de prensa este viernes: "El veredicto de hoy sobre los cargos de terrorismo no será el último, ya que la Administración Trump está desmantelando sistemáticamente a Antifa y poniendo fin de una vez por todas a su violencia en las calles de Estados Unidos".

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Antifa, abreviatura de "antifascistas", no es una organización única, sino más bien un término genérico para referirse a grupos militantes de extrema izquierda que se enfrentan o resisten a los neonazis y a los supremacistas blancos en las manifestaciones.

Manifestantes negaron vínculos con Antifa. 

Los abogados defensores indicaron al jurado que no había ningún plan de violencia para el 4 de Julio frente a las instalaciones de Alvarado.

En total había nueve acusados en el juicio, ocho de los cuales se enfrentaban a un cargo de apoyo material a terroristas. Una novena person fue acusada de ocultación dolosa de un documento y de conspiración para ocultar documentos. Fue declarada culpable de ambos cargos. Los abogados de los acusados afirmaron que sus clientes no eran miembros de Antifa.

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El fiscal Shawn Smith afirmó al jurado durante sus alegatos finales que las acciones del grupo —incluidas la posesión de armas de fuego, botiquines de primeros auxilios y el uso de chalecos antibalas— eran todas señales de la intención del grupo. Afirmó que practicaban "tácticas antifa" y estaban "obsesionados con la seguridad operativa".

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"Esto no fue una protesta pacífica, fue una acción directa", señaló Smith.

Los abogados de los acusados han afirmado que no hubo ninguna emboscada planificada y que los manifestantes que llevaron armas de fuego solo lo hicieron para protegerse.

El caso, según explicó el abogado defensor Blake Burns al jurado, trata de que el Gobierno intenta calificar a los manifestantes de terroristas para poder encarcelarlos.

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Tras el veredicto, MarQuetta Clayton, la abogada de la acusada Maricela Rueda, declaró a la cadena de televisión WFAA que se sentía "muy emocionada por ella". Dijo que estaba pensando en la hija de 12 años de Rueda y en cómo sería el futuro para ellas.

"Han sido nueve meses muy duros. Su vida realmente se ha puesto patas arriba", afirmó Clayton.

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Los cargos de terrorismo no requerían una vinculación con ninguna organización, y no existe un equivalente nacional a la lista del Departamento de Estado de organizaciones terroristas extranjeras. Esto se debe, en parte, a que las organizaciones que operan dentro de Estados Unidos están protegidas por los amplios derechos de la Primera Enmienda.

Los críticos del caso del Departamento de Justicia han señalado que el resultado podría tener efectos de gran alcance sobre las protestas.

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"Esa oposición es algo que el Gobierno quiere aplastar, por lo que un caso como este le ayuda a ver hasta dónde puede llegar a la hora de criminalizar las protestas protegidas por la Constitución y también le ayuda a intimidar, a aumentar el miedo, con la esperanza de que la gente de otras ciudades se lo piense dos veces antes de protestar", afirmó Suzanne Adely, presidenta interina del National Lawyers Guild, un grupo jurídico progresista.

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El juicio se centró en los disparos realizados fuera del centro de detención.

 Los abogados de los acusados han afirmado que la mayoría de los manifestantes comenzaron a marcharse cuando dos guardias del centro salieron al exterior. Eso fue antes de que se produjeran los disparos.

Los fiscales afirmaron que Song, un exreservista del Cuerpo de Marines de Estados Unidos gritó "vamos por los rifles", abrió fuego y alcanzó a un agente de policía que acababa de llegar al centro.

Aunque fue el acusado Benjamin Song quien abrió fuego, la fiscalía acusó a otros manifestantes de intento de asesinato de un agente de la ley y de disparar un arma de fuego, pero fueron declarados inocentes, tras argumentar que, dada la planificación del grupo, era previsible que se produjera un tiroteo.

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El agente que recibió el disparo, el teniente de policía de Alvarado Thomas Gross, declaró que, al acudir al lugar de los hechos, vio a una persona vestida completamente de negro, con el rostro cubierto y portando un rifle. Contó al jurado que recibió un disparo que le entró por el hombro y le salió por el cuello.

El abogado de Song, Phillip Hayes, indicó al jurado durante sus alegatos finales que no hubo una llamada a las armas dentro del grupo antes de que Gross llegara al lugar y sacara "agresivamente" su arma de fuego. Hayes sugirió que los disparos de Song fueron "fuego de cobertura" y que la bala que impactó al agente fue un rebote.

"Este caso ha sido objeto de una acusación excesiva desde el principio", afirmó Hayes.

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Antes del juicio, varias personas se declararon culpables de proporcionar apoyo material a terroristas tras ser acusadas de apoyar a Antifa. Se enfrentan a hasta 15 años de prisión en la sentencia.

Algunos de ellos testificaron a favor de la acusación, entre ellos Seth Sikes, quien dijo que fue al centro de detención porque quería llevar algo de alegría a los recluidos allí.

"Sentí que estaba haciendo lo correcto", afirmó.