Haitianos ilegales y armas sin registro, entre principales irregularidades en empresas de seguridad.

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Santo Domingo.

• La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada llama a la aprobación de ley pendiente para establecer sanciones y multas en el sector.

José Alberto Hernández Rivera (izq.), subdirector de Operaciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVP), durante su participación en la XVI Conferencia Internacional de Seguridad y Defensa (DIARIO LIBRE/ PABLO TAVERAS. 

 La contratación de haitianos indocumentados en labores de vigilancia, el uso de armas de fuego no registradas y la operación de empresas sin licencia vigente encabezan las principales irregularidades detectadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVP), que hasta el mes de agosto había realizado 454 inspecciones en distintos puntos del país.

El subdirector de Operaciones del organismo, José Alberto Hernández Rivera, explicó en el marco de la XVI Conferencia Internacional de Seguridad y Defensa que durante los operativos se han encontrado casos de extranjeros que laboraban como seguridad en instituciones bancarias de manera ilegal, violando las disposiciones establecidas para este tipo de servicios.

"Hemos encontrado haitianos laborando como vigilantes en bancos, lo cual está prohibido. Las regulaciones que tiene la superintendencia a las empresas establecen que el empleo de nacionales haitianos, aunque estén regulares en el país, no pueden ejercer la labor de seguridad", advirtió Hernández Rivera.

Participantes durante la XVI Conferencia Internacional de Seguridad y Defensa, donde se abordaron los principales retos y regulaciones del sector de seguridad privada (DIARIO LIBRE/ PABLO TAVERAS ). 

Una urgencia ante vacío legal 

El funcionario reconoció que, a pesar del incremento de los operativos, la Superintendencia carece de una ley actualizada que le permita imponer sanciones o multas a las empresas que incurren en violación es. 

"Solo trabajamos con el decreto 1128-03, del año 2003. Eso nos limita a retener las armas y a coordinar con Migración cuando se trata de extranjeros indocumentados", indicó.

El proyecto de ley que modernizaría el marco regulatorio del sector permanece en estudio en el Congreso Nacional.  Su aprobación, según Hernández Rivera, dotaría al organismo de las herramientas necesarias para fiscalizar, sancionar y profesionalizar el negocio de la seguridad privada, sin depender de otras leyes de distintos organismos. 

Actualmente, en el país existen 453 empresas formalmente registradas, pero las que operan al margen del control oficial superan esa cifra, de acuerdo con los datos ofrecidos.

Pérdidas fiscales millonarias

La falta de regulación también tiene un costo económico significativo.

Hernández Rivera estimó que el Estado deja de percibir cerca de mil millones de pesos al año por licencias y tasas que no pueden cobrarse a las empresas que operan de manera irregular.

Asimismo, señaló que la escasa formación del personal de seguridad es otra de las debilidades estructurales del sector.

"Desde la vestimenta hasta el trato al ciudadano, hay carencias que debemos corregir. Por eso trabajamos en programas de capacitación junto al Infotep, que recibe el uno por ciento de los ingresos de las empresas del sector", afirmó.

El Sur, la zona más rezagada

El subdirector explicó que la región Sur continúa siendo la de menor presencia de empresas de seguridad privada, debido al rezago económico, aunque se prevé un incremento de servicios con las nuevas inversiones turísticas y empresariales.